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27-09-2022

TTP11: Ratificación

El 29 de octubre de 2018 ingresó a su primer trámite constitucional el proyecto que ratifica la integración de Chile al TPP11. El acuerdo, firmado por once países del Asia Pacífico, fué suscrito el 8 de marzo del mismo año en una actividad realizada en Santiago de Chile, que encabezó la entonces presidenta Michelle Bachelet y su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11), vino a retomar las negociaciones del acuerdo original, que habían quedado suspendidas tras la salida de Estados Unidos en febrero de 2017, bajo la presidencia de Donald Trump.

A casi 4 años desde que se inició su ratificación en Chile, el polémico acuerdo de integración económica multilateral sigue generando reacciones disímiles en el arco político nacional, incluso al interior de la coalición de Gobierno. Posiciones que quedarán reflejadas en la votación que llevará a cabo la Sala del Senado este miércoles 28, a partir de las 16:00 horas, según consigna la tabla de la Cámara Alta.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, también conocido como TPP11) es el tercer tratado de libre comercio más grande del mundo. Integrado por 11 países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Méjico, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), que en conjunto conforman un mercado en torno a las 500 millones de personas, representa cerca del 13% del PIB mundial, unos BNU$11.023 a 2018.

Con dichos mercados, Chile ya cuenta con acuerdos bilaterales, al igual que con el resto de los países que conforman el bloque, los que se mantendrán vigentes y convivirán con el TPP11. Así, se prevée un mayor alcance y complementos a las disposiciones de algunos de esos tratados; no modifica los TLC que Chile ya tiene con todos ellos.


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Víctor Guillou


24-09-2022

E-Certchile

De la cámara de comercio se encuentran a disposición el certificado de raíz e intermedios de sus tres lineas de negocio, estos diferencian la certificación de documentos web de los entregadas a clientes mediante un certificado intermedio distinto identificado debidamente. El cambio de certificado se realizó el 2019 por lo que documentos emitidos previa la fecha deben utilizar los anteriores colgados en su propio sitio.

El documento anexo es una Resolución de la AFP ProVida para el Registro de Valores de Santiago del 22 de septiembre informando de un retiro de utilidades por BN$49, el documento está debidamente firmado por Santiago Donoso Hue bajo el certificado intermedio perteneciente a la compañía.

Certificado
de Raíz
Firma Simple
Electrónica
Firma Online
Avanzada
Firma Electrónica
Avanzada
Registro de
Valores N°1132

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Pablo Rodríguez R.


19-09-2022

Certificados de Título

Ya se acabaron las fiestas patrias y ya todos están regresando a la capital para retornar al trabajo. De esas tareas que uno suele no hacer de forma cotidiana se me ocurrió ordenar los certificados del respaldo, tenía mezclado los certificados digitales con los certificados habituales como los de antecedentes y licenciaturas tan solicitados en fines laborales. Terminé pidiendo uno de título que no tenía en los registros, no fué hasta abrirlo que me di cuenta del problema.

Acepta creó un firmador, un programa que mediante firma electrónica de un funcionario permite firmar documentos de forma automatizada, no es recomendable dado el problema que puede generar, la ley establece la legalidad de la firma electrónica y aquella funcionaria que incorpora su firma en el firmador tiene un riesgo asociado. El firmador no está muy bien diseñado, primero no depende de la raíz de Acepta - G4 que es el utilizado de forma comercial para los clase 2 y 3 de persona natural y firma avanzada, por ello, si quieres validar ese "firmador" tienes que darle confianza a un nuevo certificado de raíz de una empresa que para todos los efectos solo dice ser ella sin demostrarlo. No existe en la web de gobierno digital, ni en el diario oficial un listado de los certificados de raíz que están sujetos a la legalidad de la ley de firma digital y es esa la razón de por qué no es buena política tener más de un certificado de raíz en el mismo tiempo por empresa certificadora. La gente tiende a desconfiar y en el 99% de los equipos, aquel "firmador" será mostrado con problemas, bandas rojas y alertas de problemas con la firma, solo porque no existe confianza en aquel validador.

Asumamos que acepta se da cuenta de la estupidez comercial y genera un certificado intermedio de "firmador" dependiente del G4 y del cual se desprende el "firmador universitario", ahora si tienes instalado el de raíz probablemente se valide correctamente; ¿Cuál es el fin de utilizarlo? el documento al ser un certificado de título electrónico es firmado por la secretaria de estudio del momento y/o de alguna autoridad de la facultad. Si estas firmas provienen de otra empresa de certificación que mantiene la misma validez legal, ¿Cuál es la utilidad de un firmador que avale dicha firma? Ninguna, ambas firmas avalan lo mismo, que la persona que firmó es realmente quien dice ser.

Si se quiere dar mayor peso a un certificado enseñanza superior fuera de la casa de estudios; sabemos que firmó la secretaria pero, ¿Ese título es legal?, bueno, en ese caso se debe adicionar una firma de la superintendencia de educación o del ministerio de educación, o hasta del consejo de rectores, cualquiera de ellos puede certificar que el título proviene de una casa de estudios acreditada, avalando entonces la firma de la secretaria como validadora de un título universitario.


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Pablo Rodríguez R.


16-09-2022

29 FIC Valdivia

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Cine Club de la Universidad Austral


14-09-2022

EURid: DAN [.eu]

EURid vzw es la organización sin fines de lucro designada por la Comisión Européa como el registro de nombres de dominio que opera el dominio de alto nivel [.eu] y sus variantes en otras escrituras: [.ею] a partir del 1 de junio de 2016, [.єυ] a partir del 14 de noviembre de 2019.[1]

Hace un par días me llegó al corréo el cambio en las políticas del servicio sobre los dominios inscritos en el dominio de alto nivel européo, como todas estas cosas son cambios unilaterales en que se te avisa sobre el cambio de condiciones y uno tiene el "deber" de leerlas puesto que ante cualquier problema posterior será considerado "sabido por todos"; a lo que solo puedo decir que han mejorado bastante la redacción y que al menos no están escritas para máquinas.

Si no estás de acuerdo con ellas, eres libre de cancelar el servicio pero el cobro no es rembolsable, no se te va a devolver esos meses de pago o años pagados por anticipado. También te queda la opción de no renovar, usar lo que queda del servicio contratado y esperar para contratar con otro servicio de alto nivel, de cualquier forma son ellos los que imponen las condiciones y los precios para solo informarte de sus decisiones. Cuando se trata de algo que infringe sus propias políticas es cuando te das cuenta que es más imagen que otra cosa.

Mandé un correo el lunes explicando que de sus políticas actuales y anteriores existe una infracción al artículo 3.e donde se detalla "no registrar ni utilizar tu Nombre de dominio de forma especulativa o abusiva, de forma que vulnere derechos de terceros o leyes o normativas aplicables, con mala fe, en contra del interés público o las buenas costumbres ni con fines ilícitos;"; les explico de igual forma que me encuentro interesado en un dominio particular y que está disponible según se explica en el sitio por la módica suma de €1.990, el dominio esta asociado a dan.com una subsidiaria de GoDaddy quienes compran y registran miles de dominios en distintos DAN que ellos encuentran pueden venderse a mayor valor que el base de registro -en estos momentos unos €5 al año-.

Cuando existe esta diferencia entre el precio cobrado por un dominio y el valor real de la organización autorizada para el registro nos encontramos frente a una especulación y que permite la solicitud de expropiación y registro por la parte interesada, sin embargo, la empresa se lava las manos ante estos problemas indicando que existe una forma de solucionar los casos como estos; la llaman Alternative Dispute Resolution (ADR), como vía de evitar ir a un juicio que también te lo ofrecen como alternativa. Es decir, puedes ir a un comparendo o demandar personalmente a aquel que está infringiendo sus políticas, básicamente ellos no hacen nada.

Revisando la lista de comparendos aprobados por ellos para realizar la operación necesaria, se te explica que un procedimiento ADR es más barato y simple que ir a juicio y que el costo tarifario es de unos módicos €1.200. Podrás entender por qué nadie hace algo, si el producto tiene un valor de mercado de €5 y arreglar un problema parte sobre los mil, luego de considerar que es la segunda vez que hago la consulta con años de diferencia y sigue igual uno se pregunta si no será corrupción o al menos claro abandono de deberes por parte de sus funcionarios.


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Pablo Rodríguez R.


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